En esta iniciativa se insta al Gobierno de España, a que realice las gestiones oportunas ante el Gobierno Mexicano y a Naciones Unidas, en el sentido de dar traslado de la preocupación de los Grupos Parlamentarios y de las organizaciones y asociaciones de mujeres que trabajan por la defensa de los derechos humanos de las mujers, por la situación de las desapariciones de mujers y niñas en México. También la necesidad de cumplir las directrices marcadas por la IV Conferencias Mundial de la Mujer de Naciones Unidas, y por la Convención de la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de las Mujeres, para garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas; la exigencia de garantizar procedimientos de investigación adecuados, y sancionar a los culpables, la reparación de los daños y protección de víctimas y familiares; la necesidad de establecer un programa integral de ayuda y asistencia a las víctimas y familiares.
Esta proposicón no de ley viene motivada por los numerosos casos de desapariciones de mujeres y niñas en diferentes ciudades mexicanas (Tijuana, ciudad Juárez y Chihuahua) desde hace una décaca, un grupo de mujeres mexicanas han constituido un movimiento denominado «Nuestras Hijas de Regreso a Casa » que se suma a la lista de diferentes organizaciones civiles creadas desde 1993 para denunciar estas situaciones y exigir el esclarecimiento de los hechos.
Este grupo de mujeres familiares de las víctirmas, está llevando a cabo diferentes acciones de cara a sensibilizar a las sociedades de todos los países, sobre el escalofriante dato de desapariciones y asesinatos.
Recientemente el periódico El País publicaba algunos datos, que nos pueden ofrecer una dimensión de esta terrible situación: entre diciembre de 1993 y enero de 2003, es decir de una década, se han producido 4,476 desapariciones y de las mismas, se han encontrado 320 cadáveres.
Estos datos contrastan con los facilitados por la fiscalía, que reconoce que 1.879 mujeres volvieron a casa sin ser agredidas y qeu se encuentran investigando 73 casos, aunque ninguno de ellos ha sido esclarecido ni cerrado.
No podemos olvidar que la edad media de las desaparecidas está entre 14 y 16 años, incluso hay alguna de ellas que apenas tenía 10 años cuando fue violadam torturada y asesinada.
Tampoco se puede oviar que estas desapariciones no tengan unos objetivos dirigidos al tráfico de mujeres, al comercio y explotación sexual, o al comercio de órganos, incluso aunque no tuvieran quee ver con ninguno de estos supuestos, lo cierto es que los datos son lo suficientemente escalofriantes para que el gobierno mexicano y su administración ponga todos los medios al servicio del esclarecimiento de estos hechos.
Compartimos el dolor y la indignación de las madres y familiares de las desaparecidas y nos hacemos eco de la denuncia de la campaña «Alto a la impunidad. Ni una muerta más», en la que participan cerca de 300 organizaciones y que en su Manifiesto «No queremos otra Ciudad Juárez en ninguna parte del mundo», exigen al gobierno mexicano, entre otros punto, el de cumplir con las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales para terminar con la impunidad de los homicidios de Ciudad Juárez.
Asimismo, se exige que se tomen todas las medidas legislativas y de políticas públicas para proteger los derechos humanos de todas las mujeres en México y particularmente en Ciudad Juárez.
En Septiembre del año 2002, integrantes de dicha Campaña, dieron a conocer su posición ante las recomendaciones que emitió Naciones Unidas al gobierno federal sobre la situación de las mujeres en Ciudad Juárez.
Por su parte, en marzo de este año se publicó el Informe de la Relatora Especial sobre Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, marta Altolaguirre, en el que se señala que si bien el Estado reconoce la gravedad del problema no ha hecho frente con medidas que correspondan a tal gravedad. Por ello, señala que la impunidad confirma que esa violencia contra las mujeres y niñas es aceptable, responsabilidad en la que incurre el Estado Mexicano en su conjunto por la omisión de procesar y castigar eficazmente a los responsables, pues si bien el Gobierno Federal y de Chihuahua han expresado su compromiso de combatir la impunidad, tal compromiso no se ha visto traducido en medidas y resultados eficaces.