Aragón reconocerá la igualdad de las personas y penalizará las desigualdades y discriminación por razón de sexo o género

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el Proyecto de Ley de Igualdad LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales)

Zaragoza, 14 de noviembre de 2017.- El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el Proyecto de Ley de Igualdad y Protección Integral contra la Discriminación por razón de Orientación Sexual e Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de Aragón, más conocida como Ley de Igualdad LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales).
Este proyecto de ley responde a la demanda de los colectivos implicados de tener un marco normativo que reconozca la igualdad y el respeto a la diversidad y que combata la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en Aragón.

Así, la norma nace de un proceso de participación en el que el borrador del anteproyecto recibió 360 aportaciones, de las que se aceptaron 268 y se estimaron parcialmente 18.
Este proyecto de ley tiene un carácter marcadamente transversal y cuenta como eje vertebrador con el principio de igualdad de trato. Recoge, además, las políticas públicas específicas por ámbito competencial para garantizar la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

En su contenido, se reconoce el respeto a la diversidad, el derecho a la expresión libre de la identidad de género, el apoyo a colectivos vulnerables como personas mayores, personas gitanas, personas con discapacidad, inmigrantes o menores. Recoge también la elaboración de planes de atención para personas que sufren discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado también en su reunión de hoy el Proyecto de Ley de Ordenación de las Entidades Privadas de Servicios Sociales, una norma que emana de la Ley de Servicios Sociales de 2009.

El principal objetivo de esta nueva norma es ordenar la actividad desarrollada por las entidades privadas, de iniciativa social o mercantil en materia de servicios Sociales.

Para ello, mantiene el régimen de autorización y, como novedad, regula el régimen de la acreditación que deben cumplir los servicios y centros sociales promovidos y gestionados por una entidad privada. Hasta ahora, los centros simplemente necesitaban una autorización y estar inscritos en el registro de centros. Con la nueva norma, además de la autorización administrativa que ya existía se establece la necesidad de una acreditación para aquellos centros que quieran colaborar con el sistema público de servicios sociales, en la provisión de prestaciones públicas sociales o en el desarrollo de medidas o programas impulsadas por las administraciones públicas.